Los dogmas de la Libre Movilidad Humana en el Ecuador

El derecho de las personas a migrar ha sido recogido en mayor o menor medida por varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se destacan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

Sin embargo, su reconocimiento no ha logrado impregnarse en las legislaciones internas de los países, lo que ha impedido su posicionamiento como un derecho fundamental según las teorías positivistas. Es más, tradicionalmente ha estado bajo la sombra de concepciones restrictivas basadas principalmente en aspectos soberanos y discrecionales que los Estados utilizan como sustento para impedir el libre tránsito de extranjeros a través de sus fronteras.

Bajo esta tónica, el Ecuador marca un hito a nivel internacional al convertirse en el primer y único país de la región y del mundo en reconocer en su Constitución del 2008, el derecho a migrar de los extranjeros, que además tiende al desarrollo de varios principios como la libre movilidad humana y la ciudadanía universal.

Diez años después de aquel reconocimiento, la investigación que se cita a continuación, muestra una parte de la realidad migratoria dentro del tema de los permisos de residencia –también conocidos como visas–, donde se llega a concluir que aún quedan ciertos dogmas por superar.

Para conocer sobre la investigación, diríjase al siguiente enlace: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6138/1/T2641-MDA-Gavilanez-Alcance.pdf

Un breve acercamiento a la facultad discrecional de la administración

¿Qué debe entenderse como facultad discrecional de la administración, cuáles pueden ser sus alcances y sus límites?

Para poder contestar esta pregunta se debe partir del hecho que la administración pública expresa su voluntad a través de actos administrativos, los cuales son los únicos que pueden generar o limitar derechos a los administrados; o, a su vez imponerles cargas u obligaciones. Es importante tener presente que todos estos actos deben estar al amparo de una norma jurídica, la misma que condicionará su emisión. No obstante, si bien todo acto tiene que  estar debidamente motivado en presupuestos de hecho y de derecho, existen determinadas actuaciones por parte de los órganos estatales que tienen un margen de libertad, libertad a la cual se la puede considerar como facultad discrecional. Seguir leyendo “Un breve acercamiento a la facultad discrecional de la administración”

Análisis del proyecto de enmiendas constitucionales sobre las competencias de la Contraloría General del Estado

“La multiplicidad y complejidad de la actividad administrativa de los entes públicos, hace imprescindible la existencia de procedimientos de contralor destinados asegurar que aquella se realice conforme a derecho y a los principios de buena administración.” “El objeto del control administrativo es exigir que los recursos públicos (económicos y financieros, materiales y humanos) tanto del Estado como de las instituciones públicas autónomas, estén bien utilizados para que constituyan una inversión y no una perdida económica para el país.”

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La empresa pública como forma a través de la cual el Estado interviene en la economía.

“Se entiende como empresa a la unidad económica, y productiva que tiene una finalidad social y que persigue objetivos de tipo económico (rentabilidad o lucro económico), en la que el capital, los instrumentos de trabajo, los recursos naturales, el trabajo y la dirección deben guardar una adecuada coordinación a fin de llevar a cabo una producción socialmente útil, de acuerdo a las exigencias del bien común”. Seguir leyendo “La empresa pública como forma a través de la cual el Estado interviene en la economía.”

La jurisdicción contenciosa administrativa aplicable en el caso de los contratos de arrendamiento en los que interviene la Administración.

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, regula los principios y normas que debe seguir la contratación en el sector público.

Al contrato de arrendamiento, nuestro Código Civil lo define como la relación contractual en la que dos partes se obligan recíprocamente, una a ceder o conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar un precio determinado por esto.

La Administración puede actuar ya sea en calidad de arrendadora o como arrendataria, dependiendo de sus intereses; recordemos que su función es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Seguir leyendo “La jurisdicción contenciosa administrativa aplicable en el caso de los contratos de arrendamiento en los que interviene la Administración.”

Neoconstitucionalismo

Para hablar de neo constitucionalismo es importante señalar antes que nada el concepto de constitución, es así que la podríamos definir como el instrumento jurídico supremo que rige el accionar de un Estado dentro de un contexto social, apegado a principios fundamentales mediante los cuales este trata de cumplir sus fines, otorgándose a si mismo responsabilidades y a sus ciudadanos otorgándoles derechos deberes y obligaciones.

La constitución de esta manera establecerá la forma de actuar de un país, establecerá modelos económicos, políticos, de salud pública; reconocerá derechos sociales, culturales, etc, los cuales serán la base fundamental para que otros cuerpos legales traten en estricto apego a ella, normar las relaciones entre los particulares y entre estos frente al Estado. Seguir leyendo “Neoconstitucionalismo”

Neoconstitucionalismo, el paradigma de la ponderación

Las neoconstituciones han redefinido varios conceptos jurídicos que parecían inmutables y han abierto el pensamiento jurídico a niveles inimaginables, lo cual ha llevado a varios pensadores a reestudiar y a restructurar varias de las instituciones jurídicas que por años han sido consideradas como inquebrantables.

Este giro tan peculiar en la aplicación del derecho tradicional trae consigo un sin número de conceptos que aunque no son tan nuevos, resulta aún difícil explicarlos, entre ellos, tenemos la ponderación de derechos; desarrollada principalmente cuando nos referimos a los derechos fundamentales, los cuales son reconocidos por una Carta Magna, la cual rige a un Estado en un espacio de tiempo determinado. Seguir leyendo “Neoconstitucionalismo, el paradigma de la ponderación”